Desde que llegó al Poder Legislativo, por la vía plurinominal, la diputada Judith Rodríguez Villanueva se ha enriquecido a costa del erario quintanarroense; ahora, en vísperas de que concluya la XVI Legislatura, la expriista busca representar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).
En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) su declaración más reciente indica una remuneración mensual neta de 53 mil 466.95 pesos, a la que se adiciona una dieta, también mensual, de 46 mil 370.84 pesos, para dar un total de 99 mil 837.79 pesos al mes.
Con este sueldo, la legisladora con licencia estaría percibiendo un ingreso de un millón 198 mil 053.48 pesos al año; sin embargo, en una revisión a su última declaración patrimonial, en realidad tiene ingresos anuales por 54 millones 453 mil 300 pesos; es decir, más de 45 veces su salario reportado.
La millonaria legisladora tiene a su cargo, por cierto, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, desde donde, apoyada por la cuadrilla de diputados, se impulsó una propuesta de reforma a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo que le permite postularse como aspirante a la titularidad de la Cdheqroo.
Unos días antes de que se emitiera la convocatoria para sustituir a Marco Antonio Toh Euan, la diputada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) preparó sus maletas y solicitó licencia para dejar su curul, en la que suma cinco ausencias de 33 sesiones a las que se le ha convocado, de acuerdo con información del Congreso.
Esto derivó en que el tricolor perdiera voz y voto en la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), al no sumar los legisladores necesarios para tener un lugar en ésta. Al respecto, la dirigencia estatal del partido calificó la salida de Rodríguez Villanueva como un “acto de incongruencia personal, una muestra de oportunismo y traición”. Y no era para menos. El PRI contaba plenamente con el apoyo de la ahora aspirante a la Cdheqroo, quien fungió como instrumento en la aprobación del paquete de impunidad del exgobernador Roberto Borge Angulo, avalado bajo la XIV Legislatura, donde ella se desempeñó como presidenta de la extinta Gran Comisión. Todo esto, a cambio de recibir una notaría.
No es la primera vez que el Congreso es costurero de trajes a la medida. En un claro acto de servilismo, los diputados de la XVI Legislatura aprobaron la designación de Heyden José Cebada Rivas, quien días antes fuera ungido como favorito del director general del Corredor Transístmico, Rafael Marín Mollinedo, como nuevo magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.
De nada sirvió que asociaciones de profesionistas rechazaran al exsíndico municipal de Benito Juárez por no contar con la experiencia judicial, o de los colectivos feministas para que el cargo recayera en una mujer y así se respetara la paridad de género al interior del Tribunal, pues la decisión fue tomada por un personaje ajeno a la política interior del Estado.
Cebada Ríos, además fue ungido a pesar de que tenía señalamientos en su contra por actos de corrupción, luego de respaldar la construcción del hotel RIU Rivera Cancún en la zona de Punta Nizuc, tercera sección de la Zona Hotelera de Cancún, cuya licencia de construcción otorgada fue calificada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) como irregular.
