La secretaria de Comunicación Institucional del PRI, Paloma Sánchez Ramos, desmintió las versiones de que el presidente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, usó de pretexto su gira internacional por varios países de Europea y América para huir del país ante las investigaciones que realiza la Fiscalía de Campeche entorno a su patrimonio y su presunta responsabilidad en delitos como lavado de dinero.
En redes sociales, la vocera del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priísta aseguró que al término de su viaje para denunciar ante organismos internacionales persecución política del Gobierno Federal en su contra, volverá a México para incorporarse a sus tareas habituales en el partido y en la Cámara de Diputados.
“¡Mis queridos morenistas! Andan muuuy nerviosos y perdidos alucinando que @alitomorenoc huyó. Tranquilos solo los fue a exponer ante el mundo entero y regresa para votarles en contra su #ReformaElectoral”, escribió en Twitter.
El dirigente priísta inició ayer gira internacional para denunciar la supuesta persecución política de la que se dice víctima por parte del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El primer punto de este viaje es Ginebra, Suiza, donde presentará una queja ante la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en esa ciudad europea.
Mientras que el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados expresó su apoyo a su dirigente nacional, Alejandro Moreno, quien afirmaron “es objeto de una persecución política” orquestada por Layda Sansores y Renato Sales, gobernadora y fiscal de Campeche.
“Condenamos enérgicamente el allanamiento ilegal realizado al domicilio de Alejandro Moreno y su familia. Reprobamos la inaudita violencia utilizada en el operativo. Mostramos nuestra extrañeza por el despliegue de fuerza y la presencia en el sitio del fiscal del Estado. No hemos visto a ese funcionario atendiendo la creciente violencia que desde la llegada de la señora Sansores se ha desatado en el antes tranquilo Campeche”, declararon a través de un pronunciamiento.
Las y los diputados priístas denunciaron que la gobernadora Sansores, utiliza la fuerza pública y las instituciones encargadas de administrar justicia “para realizar un montaje mediático y una persecución política, violando los derechos fundamentales de nuestro presidente nacional y poniendo en riesgo la integridad y seguridad de su familia”.
